Legislación ambiental en España: La huella de carbono a nivel autonómico

La regulación ambiental en España está en constante evolución, con un enfoque cada vez más exigente en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). En este contexto, la huella de carbono se ha convertido en un factor clave dentro de la estrategia empresarial, y su medición y reducción están reguladas tanto a nivel nacional como autonómico.

A continuación, analizamos el marco normativo en España y cómo varía la regulación de la huella de carbono en las diferentes Comunidades Autónomas.

Marco legal nacional

El principal marco legal que regula la huella de carbono en España es la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, que establece la obligación de reducir las emisiones GEI y fomentar una economía baja en carbono. Además, el Real Decreto 163/2014 creó el Registro de Huella de Carbono del MITECO, que permite a las empresas calcular, reducir y compensar sus emisiones.

A partir de 2025, se prevé la obligatoriedad del cálculo de la huella de carbono para grandes empresas, y se está trabajando en una armonización de los criterios autonómicos para la gestión de emisiones y planes de reducción.

Regulación autonómica de la huella de carbono

Si bien el marco normativo nacional establece las bases, muchas Comunidades Autónomas han desarrollado sus propias normativas y programas específicos para incentivar la reducción de la huella de carbono. Veamos algunos ejemplos destacados:

Cataluña

• Cuenta con la Ley 16/2017 de cambio climático, pionera en España.

• Ha desarrollado su propio registro de huella de carbono obligatorio para empresas con actividad en la comunidad.

• Implementa incentivos fiscales y líneas de financiación para la reducción de emisiones.

Andalucía

• La Ley 8/2018 de medidas frente al cambio climático establece obligaciones para ciertos sectores.

• Ha creado el Sistema Andaluz de Compensación de Emisiones (SACE), que facilita la inversión en proyectos de absorción de CO2.

• Exige la huella de carbono en contratos públicos.

País Vasco

• En 2024 entró en vigor la Ley 1/2024 de Transición Energética y Cambio Climático.

• Obliga a la medición y reporte de huella de carbono para determinadas actividades industriales.

• Prioriza la neutralidad climática en políticas públicas y subvenciones.

Comunidad Valenciana

• La Ley 6/2022 de cambio climático y transición ecológica establece la obligatoriedad del cálculo de huella de carbono para empresas de cierto tamaño.

• Se prevé la implementación de un sistema de compensación regional.

Islas Baleares

• La Ley 10/2019 de cambio climático establece medidas estrictas de reducción de emisiones.

• A partir de 2025, todos los sectores deberán calcular su huella de carbono.

• Restricciones para vehículos de combustión y fomento del transporte sostenible.

Navarra

• La Ley Foral 4/2022 impone la obligación de calcular la huella de carbono desde 2024.

• Prioriza la reforestación y la inversión en proyectos de compensación de carbono.

Islas Canarias

• Con la Ley 6/2022 de cambio climático, las empresas con más de 50 empleados o facturación superior a 10 millones de euros están obligadas a calcular su huella de carbono desde 2023.

Comunidades Autónomas en proceso de regulación

Algunas comunidades han desarrollado estrategias, pero aún no han implementado una legislación específica:

• Galicia: Estrategia de Cambio Climático 2050.

• Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia: Estrategias de mitigación a 2030 en desarrollo.

• Madrid y La Rioja: Borradores en fase de evaluación.

Obligatoriedad y beneficios del cálculo de la huella de carbono

A nivel nacional, la futura modificación del Real Decreto 163/2014 establecerá la obligatoriedad del cálculo de la huella de carbono y la elaboración de un plan de reducción para las siguientes empresas a partir de 2025:

• Empresas con más de 500 empleados.

• Entidades de interés público.

• Empresas que cumplan al menos dos de estos criterios durante dos ejercicios consecutivos:

  • Más de 250 empleados.

  • Volumen de negocio superior a 40 millones de euros.

  • Activos totales superiores a 20 millones de euros.

Más allá del cumplimiento legal, la gestión proactiva de la huella de carbono trae consigo múltiples beneficios:

• Ventaja competitiva: Empresas con estrategias de reducción de emisiones acceden a nuevos mercados y clientes.

• Acceso a financiación verde: Cada vez más entidades financieras exigen criterios de sostenibilidad para otorgar créditos.

• Ahorro en costes energéticos: La optimización de procesos reduce el consumo energético y los gastos operativos.

• Mejora de la reputación: Las empresas sostenibles tienen mejor valoración por parte de consumidores e inversores.

Conclusión: Adelántate a la regulación con FOREST

La legislación ambiental en España avanza hacia la obligatoriedad del cálculo y reducción de la huella de carbono. Las empresas que se anticipen a estas exigencias no solo evitarán sanciones, sino que fortalecerán su posición en el mercado y optimizarán sus costos operativos.

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